Tabaré tiene las manos atadas

En un artículo del diario argentino Página 12 se resaltan algunos aspectos negativos del Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, que limitarían seriamente la capacidad de intervención del país sudamericano en caso de que surjan inconvenientes en las fábricas de pasta de celulosa que se están construyendo en Fray Bentos. Dice allí Laura Vales:

“Supongamos que las papeleras que se construyen en Fray Bentos comienzan a funcionar. Pasa el tiempo, un día ocurre un problema de contaminación. Los vecinos de Fray Bentos protestan. Y sus acciones –cortes de ruta que bloquean la entrada de camiones a las plantas, por ejemplo– perjudican a las empresas. La situación es nada más que una conjetura, pero ya está prevista y sus consecuencias, férreamente pautadas: el Estado uruguayo se verá obligado a indemnizar a las plantas de celulosa por sus pérdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. Así lo establece el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, en cuyo artículo 6 se lee, sin maquillaje: “Los inversores que sufran pérdidas” por “revueltas, insurrecciones o manifestaciones” serán indemnizados “en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente transferible”, con una cifra que se calculará según el criterio “que resulte más favorable” a los dueños de las empresas.

El acuerdo fue suscrito el 21 de marzo de 2002 entre el Poder Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia, “durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa iniciara las obras de construcción. [...] El Frente Amplio, [...] la coalición que poco tiempo después llevaría al gobierno a Tabaré Vázquez [se opuso y] argumentó entonces, con razones ahora borradas de su discurso, sobre los riesgos de este instrumento legal que dejó a los uruguayos en una posición muy débil para intervenir en lo que las papeleras hagan en su territorio”.

[...] Los artículos más cuestionados del Acuerdo Uruguay-Finlandia –continúa diciendo la nota de Página 12– fueron el 5, 6 y 9, que norman que las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas; que el Estado uruguayo deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas; y que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca.

[...] Los especialistas consultados por Página/12 coinciden en que el punto más perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por la desprotección que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, dice el Acuerdo, “la misma, a criterio del inversor”, podrá ser llevada a un tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del Centro para la Solución de Controversias (Icsid) y un cuerpo ad hoc que tome las normas de Naciones Unidas.

También es visto con preocupación el concepto de expropiación indebida. Y un párrafo que establece que “cada Parte Contratante no impedirá, con medidas injustas, o arbitrarias o discriminatorias, la administración de las inversiones”.

¿Qué pasaría en el caso de que el gobierno de Tabaré quisiera, a pedido de la Argentina, modificar el funcionamiento de las plantas papeleras? ¿Podría el convenio impedir la suspensión de las obras por 90 días, como intenta acordar Buenos Aires con Montevideo? No está tan claro. “Pero en principio –señalaron los consultados–, cualquier cambio en las condiciones en las que se pautó inicialmente la inversión puede hacer que las firmas se consideren con derecho a reclamar.”

El Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana en su demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalación de las fábricas. El fiscal apuntó allí un dato agravante: Botnia y Ence tendrán dos zonas francas. “Se constituyen así verdaderos enclaves extranjeros privados: áreas cercadas y aisladas eficientemente”.

[...] El acuerdo Finlandia-Uruguay es un corsé que limita (por un período de 20 años) las posibilidades de acción del gobierno de Tabaré Vázquez para solucionar el conflicto abierto por las papeleras. Tiene un extenso período de vigencia, de 20 años. Nos guste o no de este lado del río, estará como trasfondo de todas las negociaciones entre Uruguay y Argentina.

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